Por fin, todos, como en “El traje nuevo del emperador”, nos hemos dado cuenta de la vergonzosa desnudez de la reforma de la justicia. Como en el cuento de Andersen, el suntuoso traje no existía. La realidad no fue la que hacían ver los embaucadores, ni la que imaginaron los candorosos embaucados.
Tanta energía derrochada para nada. El 9 de agosto del 2010, primer día hábil de su mandato, Santos se reunió con 78 magistrados de las altas cortes para conciliar un proyecto de reforma que por el enfrentamiento entre Uribe y los magistrados, particularmente de la Corte Suprema de Justicia, no pudo adelantarse a pesar de ser tarea de ese gobierno desde sus albores.
Vista al desnudo, la reforma aprobada en estos días no es más que un instrumento de beneficios indebidos.
Desde la susceptibilidad de los magistrados por la revisión de su régimen y sus funciones, hasta el zarpazo final de los parlamentarios en la conciliación de los textos del acto legislativo, la reforma fue siempre un escenario de tensión por la pérdida o por la adquisición de nuevos privilegios. La impunidad y la congestión judicial, verdaderos motivos para reformar la justicia, fueron en el debate poco trascendentes. La concesión de facultades jurisdiccionales temporales a particulares, abogados y notarios para resolverlas, es un recurso paliativo de un sistema judicial incapaz, que en vez de solucionar delega.
El suceso solo ratifica que la majestad de la justicia es un infundio, como embeleco la mentada honorabilidad de los ‘padres de la patria’. Y de hace tiempo: por ineficaz y tendenciosa la primera, por sórdida e indecorosa la segunda.
Qué intriguen los políticos no es noticia nueva, pero que los magistrados cabildeen sorprende. ¿Qué imagen nos dan de su decoro si es cierto el cabildeo en busca de la prolongación de su período y del aumento de la edad de su retiro? Definitivamente el apego al poder embriaga hasta a las altas cortes.
Me convenzo una vez más de la inutilidad de la Constitución de 1991. Entonces por disoluto revocamos el Congreso, pero bajo la sombra de esa constitución ‘perfecta’ nuevas vergüenzas parlamentarias padecimos: las del proceso 8000 –vínculo de políticos con el Cartel de Cali-. Bajo la protección de esa nueva carta otro congreso resultó, en proporciones alarmantes, representando a los narcoparamilitares. Ahora, otro “congreso admirable”, que de tal alcanzó a calificar el ministro Vargas Lleras, protagoniza un acto de indelicadeza inexcusable, legislando en beneficio de exparlamentarios subjúdice y en su propio beneficio.
Es nuestra eterna ingenuidad que cambia las sábanas para tratar la enfermedad. Es un hecho: la proclividad al dolo no desaparece cambiando las constituciones, sólo cambiando la gente y sus conductas. Los males de ayer son los de hoy, y hasta peores, porque paulatinamente se han venido degradando las costumbres.
¿Retrocede la justicia con la reforma ya aprobada? Sin lugar a dudas. La sola mancha en la conciliación es suficiente para descalificarla. Por lo demás, nunca el proyecto se centró en la resolución de los reales males, nunca fue bueno, por eso críticos imparciales -no aquéllos que temiendo perder sus privilegios protestaron- señalaron su inocuidad y sus vergüenzas. ¿Por qué, entonces, declararnos ahora sorprendidos? Así somos los colombianos, sin remedio histriónicos. Se han desgarrado las vestiduras hasta quienes lo permitieron y alentaron
¡La reforma de la justicia debe hundirse íntegramente!
Luis María Murillo Sarmiento MD
* El 20 de junio del 2012, tras haber sido aprobada en Cámara y Senado la reforma a la justicia colombiana, un grupo de parlamentarios encargado de la conciliación de los textos aceptados introdujo cambios no requeridos y abusivos que convirtieron el acto legislativo en una descarada norma a su favor. El Consejo de Estado lo calificó de acto vulgar y vergonzoso, el presidente Santos la objetó, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra renunció, la ciudadanía empezó la recolección de firmas para un referendo en su contra y demandó a los parlamentarios ante la Corte Suprema de Justicia.
La conciliación de la reforma, entre otras perlas, moderó la pérdida de investidura, al punto de no perderse la curul definitivamente. Exigió, además, una mayoría calificada en el Consejo de Estado para hacerla más difícil. Se quitaron también los congresistas la prohibición de financiarse ellos mismos sus campañas, y consagraron que las acusaciones en su contra deben ser con documento de identidad y en nombre propios, no anónimas como se permite contra otros servidores. Y a exfuncionarios y excongresistas detenidos los dejo en un limbo favorable para abrirles las puertas de la cárcel.
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